Granado y Delgado, los anarquistas ejecutados por piropear a unas muchachas
/En 1963, Defensa Interior, la organización anarquista de acción directa contra la dictadura franquista, cometió varios atentados en Madrid. Dos jóvenes libertarios fueron acusados y ejecutados a garrote vil tras ser detenidos por piropear a unas jóvenes.
Aunque desde 1939, con el final de la guerra, se terminaron los combates, la resistencia de izquierdas continuó luchando contra la dictadura de Franco a través del maquis o de acciones de guerrilla urbana realizadas por comandos anarquistas como los de Josep Lluis Facerías o Quico Sabaté, asesinados por la policía franquista en 1957 y 1960 respectivamente.
El lunes 29 de julio de 1963, uno de los comandos guerrilleros pertenecientes a Defensa Interior, organización anarquista de acción directa, colocó un artefacto explosivo en la Oficina de Pasaportes de la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid. La explosión, que tuvo lugar a las seis menos dieciocho minutos de la tarde, provocó daños materiales en diferentes zonas del edificio y heridas a una treintena de personas. Esa misma noche, a las doce y media, estalló otra bomba en la puerta principal de la Delegación Nacional de Sindicatos.
Según publicaba el diario ABC, «la indignación de la gente parada en las cercanías de la Dirección General de Seguridad era unánime: todos condenaban enérgicamente el vandálico hecho. Algunos policías manifestaban su opinión acerca de los autores del crimen. Y decían que este tiene todas las características de ser de concepción y ejecución anarquistas y de origen acaso transpirenaico. Se habló concretamente de la F.A.I.».
No pasó mucho tiempo hasta que la policía confirmó su teoría. El día 31 de julio dos personas fueron detenidas en relación a los hechos, aunque no fue hasta el 2 de agosto cuando se informó a los medios. Se trataba de dos jóvenes, hijos de anarquistas españoles exiliados, que residían en Francia y militaban en las Juventudes Libertarias. De uno de ellos, Francisco Granado de veinticinco años, casado y con tres hijos, se decía que había cruzado la frontera procedente de Francia, alrededor del día 15 de mayo en automóvil. Del otro detenido, Joaquín Delgado, se afirmaba que llegó en tren el 28 del mismo mes. «El primero introdujo en España 21 kilos de dinamita plastificada, armas y municiones, en el interior de su automóvil. Arropado precisamente por una de las primeras oleadas de turistas, pasó el mortífero cargamento», relataba ABC.
El diario madrileño y La Vanguardia, entre otros medios, también publicaron los detalles de la peculiar detención de Granado y Delgado. Los jóvenes, lejos de mantener un perfil bajo, como hubiera correspondido a dos personas supuestamente implicadas en una acción guerrillera, se mostraron despreocupados y, en ocasiones, se comportaron como dos tarambanas, lo que levantó las sospechas de la policía.
Mientras estaban en las inmediaciones del Palacio Real, los jóvenes preguntaron cómo se entraba en el edificio pero, finalmente, decidieron ir hacia la plaza de la Armería. Allí y, apoyados en la balaustrada que da al Campo del Moro, «comenzaron a piropear descaradamente a las jóvenes que por allí pasaban, en especial a las turistas que hablaban en francés».
De hecho, fue el uso del francés y la mala suerte la que hizo que la Guardia Civil se decidiera a identificarles. «Un cabo de la Benemérita que estaba cerca de ellos y que, al parecer, había sido profesor de francés en una academia, se dio cuenta de que no hablaban con corrección el idioma y, ante las impertinencias que decían, se acercó para identificarles», relataba ABC, que también detallaba su posterior detención y las pertenencias que se les incautaron.
Entre ellas había un mapa de Madrid en el que estaban marcados algunos lugares como la Puerta del Sol y la fuente de Neptuno, dos puntos de la ciudad que eran de interés para cualquier turista, que es lo que dijeron ser Granado y Delgado. A pesar de todo, la policía no les creyó y en los siguiente días, las investigaciones aportaron numerosas pruebas en su contra. Por ejemplo, la aparición de una bala de Colt-45 en el coche de Granado y un telegrama enviado a Francia media hora después de la explosión en la Dirección General de Seguridad, en el que decían que «estaban bien de salud». La cosa empeoró aún más cuando, durante un registro en el garaje donde Garrido tenía el automóvil, se descubrió un «pequeño arsenal terrorista» que, según fuentes policiales, podía haber servido para cometer «unos dos mil atentados como los de la Sección de Pasaportes de la Dirección General de Seguridad». No es de descartar que los medios y la policía exagerasen.
Las cosas pintaban cada vez peor para Garrido y Delgado. Además de esas pruebas, reales o preparadas por la policía, los muchachos fueron interrogados duramente por el policía Saturnino Yagüe González, el inspector de la Brigada Político Social Enrique González Herrera e incluso por Carlos Arias Navarro, Director General de Seguridad. Tras varios días de torturas, Francisco Granado y Joaquín Delgado declararon ser miembros de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias y se atribuyeron los dos atentados. Posteriormente, también se les imputaría un tercero contra un avión de Iberia cometido el 6 de junio de 1963.
Una vez que la policía tuvo armado todo el proceso, los detenidos fueron sometidos a un Consejo de Guerra que, según informaron varios medios de comunicación extranjeros, no fue convocado en tiempo y forma y ni siquiera fue público. Algo que el diario ABC, afecto a Régimen, se encargó de desmentir diciendo que asistió «el señor Navarro, de la agencia norteamericana United Press Internacional».
Aunque los atentados no habían causado víctimas mortales y cuando se celebró el Consejo de Guerra muchos de los heridos ya se estaban recuperando, Francisco Granado y Joaquín Delgado fueron declarados culpables y condenados a muerte por garrote vil. Tras ser confirmada la pena por el Consejo de ministros en el que se sentaba Manuel Fraga Iribarne, la ejecución se llevó a cabo en la prisión de Carabanchel el 17 de agosto de 1963, apenas dos semanas después de su detención. Los cuerpos, que no fueron entregados a las familias, se enterraron en secreto en el cementerio de Carabanchel.
La historia de Granados y Delgado se tornó aún más cruel cuando, en 1996, se estrenó Un crimen legal dirigido por Lala Gomà y Xavier Muntanyà. En este documental, militantes libertarios declaraban que si bien era cierto que los dos jóvenes eran anarquistas, no habían sido los autores del atentado.
Por esa razón, en 1999 las familias de Granado y Delgado presentaron un Recurso de Revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo contra la sentencia de 1963. Aunque fue denegado, en 2004 el Tribunal Constitucional dio amparo a los demandantes, por entender que había habido una «vulneración del derecho a la prueba» y, por tanto de defensa, por lo que anuló la decisión del Supremo. Sin embargo, en 2006 la Sala Militar volvió a desestimar el recurso. A día de hoy, y a pesar de las declaraciones de los miembros de Defensa Interior que exculpaban a Delgado y Granados, la justicia española continúa considerándolos culpables y avala su ejecución.